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Además de las casas de familia, el pueblo cuenta con una capilla, un Juzgado de Paz, un destacamento policial, una escuela pública, una sala de atención sanitaria y varios comercios.
La orden del juez nada aclara, sin embargo, sobre qué sucederá con las propiedades públicas y tampoco con las 120 viviendas del lugar, por lo cual los abogados del pueblo apelaron la medida, con el argumento de que se violan derechos humanos y se dispone sin asidero sobre bienes del Estado.
La empresa fue fundada en 1930 y los propietarios donaron a la provincia de Córdoba la escuela y la capilla, además de promover la instalación de las familias.
