Los servicios
gratuitos tienen sus
costes. En el caso
del correo
electrónico de
Google, Gmail,
el buscador filtra
los mensajes para
detectar palabras
clave y mostrar
publicidad,
una actividad que la
Federación de
Consumidores en
Acción (FACUA)
considera
"espionaje". Por
eso, preguntó a la
Agencia de
Protección de datos
si se trata de una
"intromisión en la
privacidad" y el
organismo oficial ha
contestado
afirmativamente.
En una "Declaración sobre
buscadores de Internet", Protección de Datos advierte que
los servidores de correo electrónico
sólo pueden filtrar las
comunicaciones para la prevención de virus y spam,
así que otros fines, como acompañarles publicidad
individualizada según el contenido, no son conformes a la
ley.
El documento de la AEPD, elaborado recientemente,
analiza las políticas de
privacidad de las principales compañías mundiales en
servicios de búsqueda de Internet (Google,
Microsoft y Yahoo). Según el informe, las empresas escanean
los correos para la prevención de virus, filtrar correos
basura, detectar material ilegal y retirarlo; y para incluir
"publicidad personalizada" en función del contenido del
mensaje.
Según la directiva europea de privacidad de las
telecomunicaciones y la Ley General de Telecomunicaciones de
España, "únicamente se
podrán filtrar las comunicaciones para prevención de virus y
de spam", afirma la AEPD, "con el fin de
adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para
preservar la seguridad de sus servicios".
Que sea gratis no es excusa
En un comunicado publicado en su página web,
FACUA interpreta que la
AEPD declara así "ilegal" el modelo de negocio en que Google
basa su servicio de correo electrónico. La asociación
explica que se ha dirigido a Google para instarle a que
cumpla la normativa. Lo hace por tercera vez en casi cuatro
años, pero en esta ocasión avalada por el análisis de las
autoridades de Protección de Datos a nivel nacional y
europeo.
Para FACUA la gratuidad y el hecho de que sean máquinas las
que rastreen los correos no
son excusas válidas para permitir prácticas que
recorten los derechos ciudadanos.
Fuente
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