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Un juez procesado por ir al casino
El juez porteño Roberto Gallardo, conocido por la clausura
del predio de la Rural y otras medidas judiciales contra la
administración del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, fue
procesado ayer por el presunto delito de “incumplimiento de
los deberes de funcionario público”, a raíz de una
inspección y clausura que realizó en 2004 al barco casino
anclado en Puerto Madero. La medida fue adoptada por la
jueza federal María Servini de Cubría. Mientras se tramita
la causa, el juez podrá seguir desarrollando su actividad.
“Me enteré por los medios, que se notificaron antes que yo
de la decisión de la jueza. Alguien debiera investigar esta
modalidad de notificación mediática”, advirtió Gallardo,
juez del fuero contenciosoadministrativo y tributario de la
Ciudad de Buenos Aires.
En cuanto al fallo, el magistrado explicó que “la denuncia
fue efectuada por el Sindicato del Casino en el año 2004 y
dos años después, justo cuando la Corte Suprema estudia mi
denuncia, la Justicia federal ‘súbitamente’ me cita y me
procesa”. También sostuvo que “el Consejo de la Magistratura
de la Ciudad de Buenos Aires ya cerró el pedido de juicio
político (en su contra) y el sumario que se me abriera por
el mismo tema y con los mismos denunciantes”.
Fuentes judiciales confiaron que en su fallo Servini de
Cubría consideró que Gallardo no tenía jurisdicción para
realizar ese operativo en el barco “Estrella de la Fortuna”,
en sintonía con quienes opinan que el casino flotante está
en un espacio federal y no de la Ciudad de Buenos Aires.
Por el contrario, Gallardo señaló que “la Constitución de la
ciudad establece la jurisdicción local en zona portuaria y
el monopolio del juego, y nos obliga a los jueces a defender
la autonomía (artículos 6, 8, 50). Si a Servini no le gusta,
que demande por la vía que corresponde la
inconstitucionalidad de nuestra Carta Magna local, mientras
tanto yo juré por ese texto y ella no me va a disciplinar
con sus interpretaciones”.
El 10 de agosto pasado, Gallardo prestó declaración
indagatoria durante una hora y media en los Tribunales de
Retiro ante la jueza Servini de Cubría. En ese momento,
Gallardo defendió la legalidad de su decisión de
inspeccionar el casino. El procedimiento cuestionado se
realizó el 23 de agosto de 2004. El magistrado intervino en
la causa a raíz de una medida cautelar planteada contra la
ley de la Ciudad 1182, sancionada en 2003, que avaló un
convenio para el funcionamiento del Casino flotante entre
Lotería Nacional y el gobierno porteño, por el cual se
repartían entre ambos estados las ganancias generadas por la
actividad. Gallardo anuló ese acuerdo y dispuso el
procedimiento que le costó el procesamiento.
Como juez porteño, Gallardo tiene inmunidad de arresto, pero
puede ser sometido a proceso penal e incluso juzgado por un
Tribunal Oral, preservando el cargo. No obstante, podría ser
removido por el Consejo de la Magistratura.
Fuente
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